Un importante magistrado peruano pidió hoy elevar de 10 a 25 años de cárcel la pena máxima por corrupción, mal que motiva además acciones y propuestas del gobierno y el Congreso de la República.El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, consideró que es insuficiente el castigo que el Código Penal fija para delitos como peculado, asociación ilícita para delinquir y concusión.
Alegó que elevar la pena máxima a 25 años haría innecesario declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, como plantea un proyecto aprobado en una primera instancia por el Congreso.
El proyecto busca impedir que se repitan los casos cientos de exfuncionarios que, tras dilatar los juicios en su contra por corrupción, han logrado la prescripción de las causas y quedado impunes.
La prensa cita como caso más notable el del expresidente Alan García, quien gestionó y logró la prescripción de un juicio en su contra y frustró el proceso abierto por enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido en su primer gobierno (1985-90).
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) demandó al poder legislativo que apruebe con celeridad el proyecto de ley de imprescriptibilidad de grandes casos de corrupción.
Según la principal central obrera, la legislación será una advertencia para los funcionarios de gobiernos anteriores que siguen incurriendo en irregularidades en el aparato estatal, pese al cambio de gobierno de julio pasado.
Entretanto, el presidente Ollanta Humala planteó en una visita a la región sureña de Ica, devastada por un terremoto en 2007, que los responsables de actos de corrupción con fondos destinados a la reconstrucción de a zona deben ser investigados y sancionados con la cárcel.
Al mismo tiempo, el Congreso tiene pendiente confirmar la designación de los miembros de una recién creada comisión parlamentaria investigadora de los posibles casos de corrupción registrados en el segundo gobierno de García (2006-11).
Fuente: Prensa Latina
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