El Congreso de la República de Perú vive hoy una grave crisis, con cuestionamientos a casi un tercio de sus integrantes por tener pendientes juicios o procesos o ser acusados de conducta ajena a la ética.El panorama se agravó en el fin de semana con acusaciones contra dos figuras de primer nivel político, el legislador y segundo vicepresidente, Omar Chehade, y el parlamentario conservador Carlos Bruce.
El primero es acusado de haber hecho gestiones indebidas ante mandos policiales, a favor del grupo empresarial Wong, para que desalojen a los trabajadores de una cooperativa azucarera cuya propiedad disputan ambas partes.
El presidente oficialista del Congreso, Daniel Abugattás, planteó la posibilidad que la acusación sea una especie de represalia de generales de policía afectados por una reciente reestructuración que dejó fuera a 30 de ellos.
Sin embargo, anunció que Chehade será sometido a la Comisión de Ética del Congreso, instancia que decide si procede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los investigados, para su juzgamiento.
Paradójicamente, Chehade impulsaba un proyecto de reforma legal para eliminar esa inmunidad a fin que los legisladores afronten sus problemas judiciales como cualquier ciudadano y se eviten casos de impunidad.
Más grave es el caso de Bruce, un disidente de derecha de Perú Posible, partido del expresidente Alejandro Toledo y aliado del gobierno. Ha sido acusado de un caso de lavado de cientos de miles de dólares.
El dinero fue introducido en la empresa de un allegado a Bruce y presumiblemente proviene de hechos de corrupción registrados cuando el legislador era ministro de Vivienda y como tal manejaba grandes obras públicas, en el gobierno de Toledo (2001-06).
El diputado niega estar involucrado y sostiene ser víctima de persecución política gubernamental, aunque fuentes judiciales apuntaron que la denuncia se basa en pesquisas realizadas durante los gobiernos de Toledo y Alan García (2006-11).
Los casos referidos se suman a una docena de legisladores de diversas tendencias que tienen pendientes denuncias o investigaciones del ministerio público por robo, lavado de activos y delitos contra la fe pública y el medio ambiente, entre otros.
La prensa reveló que en realidad 40 de los 130 congresistas enfrentan juicios o investigaciones de ese tipo, aunque Abugattás, ha dicho que esos casos son manipulados para desprestigiar al Congreso, donde tienen mayoría el bloque oficialista Gana Perú y sus aliados.
Entretanto, se abrió un debate sobre la inmunidad parlamentaria en el cual el proyecto de Chehade no fue compartido por el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, quien dijo que la medida protege a los congresistas de represalias políticas.
La dirigente socialcristiana conservadora Lourdes Flores añadió que la inmunidad protege a los parlamentarios en su labor fiscalizadora.
Para Abugattás, esa protección debe resguardar solamente las opiniones de los congresistas durante el desempeño de su función y de ninguna manera invocarse para casos anteriores a la elección del parlamentario.
Fuente: Prensa Latina
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