En efecto; de acuerdo a información del MTPE, la mayoría de conflictos laborales se dan en el sector minero (43% en el 2010). No se trata, ciertamente, de conflictos motivados por “rojos ambientalistas” o “antimineros”. Están protagonizados por sindicatos mineros que paralizan las operaciones de importantes empresas; no abogando por la desaparición de la minería, como pretenden erróneamente algunos, sino como parte de protestas que apuntan a una mayor participación de los trabajadores en las utilidades en un contexto de boom minero –una pugna distributiva en el mejor sentido de la expresión. Incluso en algunos casos han llegado a movilizarse a favor de sus empleadores (Doe Run).
Lo preocupante en el actual contexto no es el conflicto en sí mismo (algo consustancial a las relaciones de trabajo), sino las razones que lo explican; los niveles de intensidad o confrontación; y la forma como los actores encaran el proceso y la solución. Así, en el 2010 y 2011 la mayor cantidad de conflictos estuvieron relacionados con el incumplimiento de convenios colectivos, los despidos de dirigentes y la finalización del trato directo o de la conciliación. Factores vinculados con la confianza que tienen los actores de que se cumplirán los acuerdos alcanzados; el respeto de derechos fundamentales como la libertad sindical; o la posibilidad de alcanzar soluciones sostenibles a través del diálogo y la negociación colectiva.
Un aspecto a considerar es el tiempo de vida de los conflictos: en los últimos años las huelgas que duraban entre 4 y 7 días se incrementó, en un sector en el costo de las paralizaciones es de aproximadamente un millón de dólares diarios. Un caso extremo lo tenemos en minas como Cerro SAC, del grupo Volcán, en Cerro de Pasco, cuyos sindicatos mantuvieron una huelga por casi 50 días reclamando se les considere en el reparto de utilidades y por la defensa de sus puestos de trabajo.
Las negociaciones en el sector minero son complejas. Para comenzar, son profundamente desiguales: confrontan a sindicatos poco o mal asesorados con importantes pools de abogados (conformados por ex ministros y viceministros de trabajo muy bien contactados en las esferas de poder); se dan en contextos locales fuertemente influenciados por el dinero de la minería (lo que posibilita la represión contra los manifestantes y la obstaculización de la Autoridad de Trabajo en sus funciones preventivas); involucran a múltiples actores (internacionales, regionales, locales); muchas veces se yuxtaponen con factores ambientales. Todo esto en un marco institucional –basado en la tercerización e intermediación laboral– que favorece y profundiza la asimetría de poder entre la inversión privada en la minería y su contraparte sindical.
La principal responsabilidad sobre cómo manejar estos conflictos recae ciertamente en el Gobierno y sus instancias competentes; en este caso el MTPE y las Direcciones Regionales. Pero el sector empresarial tiene importantes y claras responsabilidades: para comenzar, debe ser consecuente con el discurso de responsabilidad social que promocionan con bombos y platillos. La persistencia de posiciones duras, que dificultan una mayor inclusión social del sector laboral a través de mejores términos de negociación, es la peor señal acerca de la veracidad y honestidad de sus compromisos éticos. Lo que nos dicen estos conflictos es que el país no está para mezquindades, y que es hora de mojarse.
Lautaro Gomez
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