“Técnicamente existen indicios y, en el caso de la ministra Jara, ella sabía perfectamente que no podía hacer uso de este tipo de gastos de representación, en tanto que ella no estaba desempeñando una función congresal”, anotó.
Lamas advirtió, sin embargo, que si este tema es derivado al ámbito político la actividad sancionadora se tornaría muy difícil, habida cuenta que tendría que generarse un antejuicio constitucional, porque ministros y congresistas gozan de inmunidad.
“Entonces, primero tendría que agotarse la vía legislativa, la cual es bastante compleja y engorrosa, a la vez que se presta a todo tipo de manipulaciones y manoseos. Y, a partir de allí, el Parlamento tendría que formalizar una denuncia ante la Corte Suprema”, explicó.
EXPROCURADOR
Su colega César Valega señaló que los parlamentarios que, ejerciendo como ministros cobraron el bono por representación legislativa incurrieron en “un acto indebido” que podría ser tipificado como peculado, “por lo que deben devolver” estas asignaciones remunerativas.
“Yo soy ministro y parlamentario, a la vez, y voy a cobrar esta asignación legislativa, aunque no cumpla con la finalidad para obtener ese ingreso. Allí sí sería peculado”, puntualizó al tiempo de referir que debe determinarse, caso por caso, la intencionalidad de dolo en esta acción.
Del mismo parecer fue el exprocurador anticorrupción Iván Montoya quien indicó que el cobro de gastos de representación congresal, por la ministra de la Mujer, Ana Jara, y una veintena de exministros en situación similar, se inscribe perfectamente en el delito de peculado, en la modalidad de apropiación ilícita, “por la percepción de un fondo indebido”. “Creo que hay indicios razonables para que se investigue si esto es peculado. Coincido con los que señalan razones suficientes para indagar”, subrayó, al señalar que deberá esclarecerse en la investigación “si los congresistas eran conscientes que se estaban apropiando de fondos estatales”.
Montoya precisó que, en caso de haberse cometido ese delito, los directamente responsables son las autoridades parlamentarias que autorizaron estos pagos, mientras que los legisladores serían presuntos cómplices, como beneficiarios de la remuneración especial.
MÁS OPINIONES
“Cuando se habla de gastos de representación parlamentaria, está sobreentendido que es para esa acción. Por lo que estaba claro que era un cobro que no le correspondía a la ministra, como a los exministros que percibieron este emolumento”, apuntó.
A su turno, el exsuperintendente de la Sunat, Luis Alberto Latínez, coincidió en señalar que tanto la ministra Jara, como los exministros parlamentarios que la antecedieron, incurrieron en el delito de peculado, al haber utilizado a su favor una remuneración ajena a su función ejecutiva.
“Ella (Jara) dijo haber recibido su sueldo de congresista. Pero ese bono es precisamente para la labor legislativa y ellos no estaban cumpliendo esa función. Ella estaba en su calidad de ministra. Inclusive, ella ha estado viajando con viáticos del Estado”, añadió.
Asimismo, dijo que el hecho de devolver los montos percibidos (como acaba de anunciar Jara) no exime al funcionario del delito sino que, por el contrario, “significa reconocer la falta”.
“Ella tomó un dinero que no le correspondía. Y es una falta muy grave. Esto es motivo suficiente para que renuncie a su cargo de ministra”, afirmó.
Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, calificó de “sinvergüencería” el bono de 7 mil 500 soles que los propios congresistas se otorgaron, mientras que los maestros no tienen aumento por más de seis años. Huamán dijo, además, que la central que encabeza evaluaría una marcha al Congreso contra el llamado “aumentazo”.
QUE DEVUELVAN
“La verdad, es algo que se ha impuesto… Los trabajadores del Estado tienen, algunos, 19 años sin aumento”, añadió el sindicalista.
En otro momento, tanto el excontralor Genaro Matute como el abogado y excongresista Ántero Flores Aráoz coincidieron en calificar como una falta administrativa el cobro de la asignación de representación congresal, por parte de los congresistas que ejercen el cargo de ministros de Estado.
No obstante, ambos también sostuvieron que los parlamentarios que incurrieron en dicha infracción deben devolver al Estado el íntegro de estas remuneraciones.
Matute planteó que los parlamentarios no deben cobrar asignaciones ni bonos como aumentos encubiertos de sueldo. Si lo necesitan, deben incrementar directamente sus remuneraciones y enfrentar las críticas del pueblo, subrayó.
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