5 de abril de 1992: la historia del Autogolpe de Alberto Fujimori

La noche del 5 de abril de 1992 el expresidente, Alberto Fujimori, sorprendió al país con un mensaje a la nación en el que anunciaba la intervención del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo cuál es recordado hasta la fecha como un autogolpe de Estado.

"Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República", son las palabras más recordadas del discurso de Fujimori, hoy recluido en la Diroes tras ser condenado a 25 años de prisión, por ser autor mediato de la matanza de La Cantuta y Barrios Altos.

1. Toma de instituciones. Mientras el discurso era transmitido por televisión, tropas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea llegaron al Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones para tener el control completo de ellas. También fue intervenida la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros sindicatos también hubo intervenciones militares.

2. Cierre del Congreso. Pese a la resistencia de parlamentarios de oposición, el Congreso fue disuelto y posteriormente se convocó a elecciones para la formación de un Congreso Constituyente. El fujimorismo obtuvo amplia mayoría y tras su formación, se debatió, se aprobó y se promulgó la nueva Constitución de 1993, que le permitió posteriormente a Alberto Fujimori postular a la re-relección, ganando las elecciones de 2000.

3. Toma de medios de comunicación. Los hechos ocurridos inmediatamente después del mensaje a la nación, solo fueron difundidos por medios internacionales. Miembros de las Fuerzas Armadas ingreso a canales y emisoras de radio, y obligaron a seguir con la transmisión normal, sin informar sobre lo que ocurría en las instituciones estatales y en la calles. El gobierno decretó un toque de queda y comenzó una serie de detenciones a políticos, empresarios y políticos.

4. Arresto a opositores. Durante el Autogolpe del 5 de abril, el periodista Gustavo Gorriti fue detenido y llevado a la sede del entonces Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en las oficinas del Pentagonito, en donde estuvo 3 días, hasta su liberación gracias a la presión internacional. El 27 de julio del mismo año, Samuel Dyer también fue detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos. El empresario también fue privado de su libertad y retenido en las instalaciones del SIE por una semana.

5. ¿Era necesario? La medida contó con un gran apoyo en su momento de la población. Según una encuesta de Ipsos, el 71% estuvo de acuerdo con el Cierre del Congreso y más de 80% con la toma del Poder Judicial. El periodista Edmundo Cruz hace un análisis de los hechos: "Lo que pasó el 5 de abril fue un evento político innecesario para derrotar al terrorismo. Innecesario para sacar al país de la crisis económica del gobierno aprista. Ese mismo proceso pudo llevarse a cabo sin violencia y de manera democrática. El costo de la receta fue muy alto".

 6. "No se repetirá". Durante el último debate de candidatos a la presidencia de la República, la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori firmó un documento en el cual se comprometió, entre otras cosas, a no repetir los hechos ocurridos el 5 de abril de 1992.

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La corrupción en el Perú

En el 2015, se presentaron más de 28,000 casos de corrupción en funcionarios públicos y las reparaciones civiles ascienden a más de S/ 1,400 millones.

José Ignacio Beteta, director gerente de Contribuyentes por Respeto, indicó que la corrupción aparece en aquellos países que tienen una institucionalidad débil como la peruana. Más información aquí

Ministros-congresistas pueden ser denunciados por peculado al cobrar bono ilegalmente

El abogado penalista Luis Lamas Puccio manifestó que, desde una perspectiva eminentemente técnica y legal, existen indicios para formalizar una denuncia por peculado contra esos parlamentarios.

“Técnicamente existen indicios y, en el caso de la ministra Jara, ella sabía perfectamente que no podía hacer uso de este tipo de gastos de representación, en tanto que ella no estaba desempeñando una función congresal”, anotó.

Lamas advirtió, sin embargo, que si este tema es derivado al ámbito político la actividad sancionadora se tornaría muy difícil, habida cuenta que tendría que generarse un antejuicio constitucional, porque ministros y congresistas gozan de inmunidad.

“Entonces, primero tendría que agotarse la vía legislativa, la cual es bastante compleja y engorrosa, a la vez que se presta a todo tipo de manipulaciones y manoseos. Y, a partir de allí, el Parlamento tendría que formalizar una denuncia ante la Corte Suprema”, explicó.

EXPROCURADOR
Su colega César Valega señaló que los parlamentarios que, ejerciendo como ministros cobraron el bono por representación legislativa incurrieron en “un acto indebido” que podría ser tipificado como peculado, “por lo que deben devolver” estas asignaciones remunerativas.

“Yo soy ministro y parlamentario, a la vez, y voy a cobrar esta asignación legislativa, aunque no cumpla con la finalidad para obtener ese ingreso. Allí sí sería peculado”, puntualizó al tiempo de referir que debe determinarse, caso por caso, la intencionalidad de dolo en esta acción.

Del mismo parecer fue el exprocurador anticorrupción Iván Montoya quien indicó que el cobro de gastos de representación congresal, por la ministra de la Mujer, Ana Jara, y una veintena de exministros en situación similar, se inscribe perfectamente en el delito de peculado, en la modalidad de apropiación ilícita, “por la percepción de un fondo indebido”. “Creo que hay indicios razonables para que se investigue si esto es peculado. Coincido con los que señalan razones suficientes para indagar”, subrayó, al señalar que deberá esclarecerse en la investigación “si los congresistas eran conscientes que se estaban apropiando de fondos estatales”.

Montoya precisó que, en caso de haberse cometido ese delito, los directamente responsables son las autoridades parlamentarias que autorizaron estos pagos, mientras que los legisladores serían presuntos cómplices, como beneficiarios de la remuneración especial.

MÁS OPINIONES 
“Cuando se habla de gastos de representación parlamentaria, está sobreentendido que es para esa acción. Por lo que estaba claro que era un cobro que no le correspondía a la ministra, como a los exministros que percibieron este emolumento”, apuntó.

A su turno, el exsuperintendente de la Sunat, Luis Alberto Latínez, coincidió en señalar que tanto la ministra Jara, como los exministros parlamentarios que la antecedieron, incurrieron en el delito de peculado, al haber utilizado a su favor una remuneración ajena a su función ejecutiva.

“Ella (Jara) dijo haber recibido su sueldo de congresista. Pero ese bono es precisamente para la labor legislativa y ellos no estaban cumpliendo esa función. Ella estaba en su calidad de ministra. Inclusive, ella ha estado viajando con viáticos del Estado”, añadió.

Asimismo, dijo que el hecho de devolver los montos percibidos (como acaba de anunciar Jara) no exime al funcionario del delito sino que, por el contrario, “significa reconocer la falta”.

“Ella tomó un dinero que no le correspondía. Y es una falta muy grave. Esto es motivo suficiente para que renuncie a su cargo de ministra”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, calificó de “sinvergüencería” el bono de 7 mil 500 soles que los propios congresistas se otorgaron, mientras que los maestros no tienen aumento por más de seis años. Huamán dijo, además, que la central que encabeza evaluaría una marcha al Congreso contra el llamado “aumentazo”.

QUE DEVUELVAN
“La verdad, es algo que se ha impuesto… Los trabajadores del Estado tienen, algunos, 19 años sin aumento”, añadió el sindicalista.

En otro momento, tanto el excontralor Genaro Matute como el abogado y excongresista Ántero Flores Aráoz coincidieron en calificar como una falta administrativa el cobro de la asignación de representación congresal, por parte de los congresistas que ejercen el cargo de ministros de Estado.

No obstante, ambos también sostuvieron que los parlamentarios que incurrieron en dicha infracción deben devolver al Estado el íntegro de estas remuneraciones.

Matute planteó que los parlamentarios no deben cobrar asignaciones ni bonos como aumentos encubiertos de sueldo. Si lo necesitan, deben incrementar directamente sus remuneraciones y enfrentar las críticas del pueblo, subrayó.

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