martes, 8 de febrero de 2011

Perú: Crece rechazo a decretos de urgencia. Mañana se realizará marcha de protesta

Diversos gremios y organizaciones sociales se concentrarán el miércoles 9 de febrero a las 10:30 a.m. en la plaza Dos de Mayo para exigir la derogatoria de los decretos de urgencia expedidos por el gobierno.
A partir de allí se realizará una marcha “En defensa de la soberanía nacional, contra la subasta de los últimos activos del país y la corrupción” para exigir, en primer lugar, la derogatoria de los decretos que intentan acelerar la concesión y privatización de 33 proyectos de infraestructura.

Los cuestionados decretos fueron ratificados la semana pasada por el Consejo de Ministros y han sido ampliamente criticados por reducir las exigencias ambientales para las concesiones mineras y de hidrocarburos en el Perú.

Según Beatríz Merino, Defensora del Pueblo, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) los decretos en cuestión son inconstitucionales porque no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, el cual establece que un decreto de urgencia se emite solo en situaciones de excepción.

Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció que los controvertidos decretos dejan de lado el derecho de consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el estado peruano y que tiene efectos vinculantes.

“Prácticamente lo que buscan es privatizar todo lo que resta de los activos nacionales del Perú. Y eso, en manos de Alan García, es favorecer, en la práctica, los intereses de las transnacionales y continuar, de hecho, con los consabidos faenones de las megacoimas y la corrupción generalizada del régimen alanista”, puntualizó.

Por otro lado, el congresista Washington Zeballos pidió al presidente del Congreso, César Zumaeta, convocar a una legislatura extraordinaria, lo más pronto posible, para derogar los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, por ser inconstitucionales y representar un peligro para los intereses del país.

“No se puede permitir que un gobierno de salida festine trámites para rematar nuestros recursos naturales y los proyectos estratégicos antes de irse”, señaló.

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